30 de mayo de 2009

Propuesta C´s Municipales Reus

Diari de Tarragona, Frances Gras.

Colegios en zonas de tráfico denso estudian crear patrullas escolares

Nos alegra conocer que desde el Ayuntamiento se ponga en práctica una propuesta que C´s de Reus, ya presentó en su programa municipal, es una iniciativa que se lleba a cabo en muchas otras ciudades, y quizás haya quedado en el olvido de algunos, o por no haber llegado al ciudadano, o simplemente, desconocerla. Esta iniciativa, que además hace que los ciudadanos participemos de una forma más activa y decisiva en nuestra ciudad, en lo referente a seguridad vial, en la entradas y salidas de los colegios.
C´s proponía y seguimos proponiendo que sean los propios ciudadanos los que gestionen la entrada y salidas de todos los colegios de Reus. Un buen aliciente para la participación ciudadana se debe premiar con algunas bonificaciones o reducciones en impuestos municipales, entradas gratuitas para servicios públicos municipales, (Museos, cursos, piscinas, etc.).
Esto a su vez, ayudaría a muchos jubilados (exagente de cuerpos de seguridad, conductores profesionales, parados) a seguir participando en una actividad, ventajas que aporte el Ayuntamiento de los servios públicos municipales, para que cualquier ciudadano que desee participar en el día a día de su ciudad, en un tema que nos afecta a muchos como padres y también como conductores.
Creemos necesarios cuatro personas en cada patrulla escolar, que desde las AMPAS se podría fomentar a que los padres somos los primeros que deberíamos implicarnos. Todo debería estar asesorado y supervisado por la Guardia Urbana de Reus.

C´s Reus se suma a esta iniciativa que desde el Ayuntamiento como desde el cuerpo policial, hacen de nuevo un llamamiento para que aquellos colegios que lo deseen se pongan en contacto con ellos para ofrecerles la información necesaria. Unos conocimientos teóricos y prácticos que han recibido los doce padres del Pare Manyanet.






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Una crisis de todos, o cada cual que aguante su crisis.


La economía sumergida alcanza ya el 23% del PIB : 240.000 millones de euros.

(Libertad Digital)

El Estado sigue aumentando su agujero en la caja. El elevado gasto público, unido al descenso de la recaudación, pone en riesgo la capacidad de pago de la deuda española. Los ingresos fiscales caen en 11.500 millones hasta abril y la economía sumergida alcanza el 23% del PIB.

La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales.

El aumento de las solicitudes de aplazamiento de los pagos fiscales por parte de los contribuyentes, unido a la desaceleración de la actividad económica propias de la coyuntura de crisis actual, motivó que los ingresos tributarios cayeran en 11.150 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2009, lo que representa un retroceso del 16,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los últimos datos de recaudación recogidos por los Técnicos de Hacienda (Gestha), en los cuatro primeros meses del año, la recaudación tributaria se situó en 58.409 millones de euros, frente a los 69.560 registrados en idéntico periodo del año anterior, lo que supone una caída de más 11.000 millones de euros equivalentes al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

La recaudación por IVA, que representa un indicador fiel del dinamismo del consumo de las economías domésticas y de la actividad de la empresas, registró un retroceso del 33,7% en este periodo, hasta situarse en 17.948 millones de euros, lo cual es sintomático de la fuerte desaceleración de la demanda de bienes y servicios por parte de particulares y corporaciones.

Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los pagos fraccionados ingresados por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a sus empleados, experimentaron también una bajada del 11,7%, situándose en 26.799 millones de euros al cierre del primer cuatrimestre debido, en gran medida, al fuerte aumento de la tasa de desempleo que afecta ya a más de cuatro millones de personas.

Por comunidades autónomas, la Región de Murcia protagonizó el mayor descenso en su cifra de recaudación, con una caída de 26,3%, seguida de Cataluña y Andalucía, con unas bajadas del 22,3% y 22,16%, respectivamente. La Comunidad Valenciana registró un retroceso en su volumen de ingresos tributarios del 22,1%, seguida de la Ciudad Autónoma de Ceuta (-21,25%) y Galicia (-20,6%).

Por el contrario, las regiones donde la recaudación tributaria experimentó descensos menos acusados fueron, por este orden, Extremadura, con un descenso del 9,7% y Cantabria, con una bajada del 9,6%, seguidas de la Comunidad de Madrid (-11,32%), la Ciudad Autónoma de Melilla (-11,34%) y Asturias (-12,5%).

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29 de mayo de 2009

Zapatero se queda solo en Europa en su batalla contra las nucleares


La renovación de la licencia de la central burgalesa, que en principio contará con la bendición técnica, se va a decidir en clave política, marcada por la voluntad personalista del presidente.

En los próximos días, la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, podría convertirse en un hito político-económico a nivel europeo, dependiendo de si José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, dice «sí» o «no» a su cierre. La renovación de la licencia de la central, cuya construcción data de 1969, para que siga operando otros diez años, afronta en los próximos días la recta final.

A medida que pasan las horas, y no hay un pronunciamiento explícito del Gobierno, la autorización parece circunscribirse cada vez más al voluntarismo de Zapatero. Independientemente de los informes técnicos, y al margen de las posturas menos radicales que ha ido tomado gran parte del socialismo europeo, el entorno más fiel de Zapatero sigue aferrado a los postulados antinucleares.

Cruzada
Más que debate nuclear, lo que se vivirá en las próximas semanas en España será una auténtica cruzada a cuenta de Garoña. Cualquier decisión con respecto a esta central (muy pequeña en términos energéticos, con apenas 400 megavatios) será importante. Marcará la política energética del país para las próximas décadas.

En el sector, prácticamente se da por segura la bendición del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña siga operando. El CSN debe remitir un informe técnico sobre la viabilidad de la central al Gobierno el próximo viernes 5 de junio, como fecha tope.

Previsiblemente, el pleno ordinario del CSN del próximo miércoles de vía libre a ese informe para su envío al Ministerio de Industria. Cuando Industria lo tenga en su mano, el CSN hará pública su opinión, no vinculante a no ser que el informe sea contrario a la extensión de la vida útil de Garoña.

Luego, Industria elaborará un informe que elevará al consejo de ministros, que debe decidir sobre la licencia antes del 5 de julio. Al CSN se le presupone un perfil altamente técnico y difícilmente influenciable políticamente. Ni siquiera desde el pleno, donde conviven cinco miembros vinculados tanto al PSOE como al PP y a CiU, dos grupos estos últimos que abogan por la energía nuclear.

Aunque el informe del CSN diga que sí a Garoña, el Gobierno podría decir que no, algo que, en cualquier caso, sería complejo de justificar para Zapatero. No solamente desde el punto de vista energético. También incluso ideológico. A nivel europeo, España y Alemania son los únicos países que no se han pronunciado abiertamente sobre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. Bélgica, Holanda y Suecia han dicho que alargarán la vida útil, y el resto no sólo prolongarán la energía atómica existente: además, construirán más centrales (ver cuadro).

La «soledad» antinuclear española es aún más patente si se analiza la situación mundial. EEUU, referente de las energías verdes para Zapatero, está renovando licencias nucleares y va a instalar nuevos reactores.
Más de 40 países van a construir centrales o renovar licencias existentes.

Estos países suman el 76% del PIB mundial. En Europa, el debate nuclear ha hecho virar, o ha dulcificado las posturas antinucleares. En Reino Unido, la izquierda dio un giro y Tony Blair reconoció la necesidad nuclear. En Francia, el país con más nucleares, no se cuestiona el potencial para la nación de este sistema. En Italia, que no tiene centrales, el debate se ha vuelto a abrir en un momento en el que la izquierda está desmembrada y sin opinión firme. Incluso en Alemania, protagonista junto a España de la indeterminación nuclear, hay matices.

En 2001, el partido socialista SPD y los Verdes aprobaron la ley «del abandono nuclear», no tanto por convencimiento del primero sino por la necesidad del cogobierno. El actual gobierno de conservadores (CDU) y SPD ha mantenido la ley, pero para las elecciones de este año, el CDU aboga por las nucleares, con «el abandono [de la ley] del abandono», mientras el SPD se muestra ambiguo.

Expasión.com

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28 de mayo de 2009

Las cajas más afectadas por la crisis


CajaSur, Caixa Catalunya y Caja Madrid, las cajas más afectadas por la crisis.

Las entidades que combinan una elevada morosidad con fuertes caídas del beneficio y una situación de solvencia menos sólida son las que tendrán más dificultades para superar el bache.

A medida que la morosidad aumenta y la situación del sistema financiero se deteriora, las diferencias entre las distintas entidades se acrecientan. Entre la primera caja en el ránking de morosidad, CajaSur, y la última, Caixa Pollença, ya hay seis puntos porcentuales de diferencia.

Las cajas con más morosos son también, en la mayoría de los casos, las que están sufriendo el mayor recorte de sus beneficios, porque los impagos les obligan a incrementar las dotaciones por deterioro de activos, y las que tienen una ratio de cobertura más baja. La ratio de cobertura refleja el porcentaje de créditos morosos que se cubre con las provisiones.

Los problemas se agravan cuando la entidad consume sus provisiones genéricas.

Cuando a estos factores se añade una situación de solvencia débil, los analistas tienden a pensar que la entidad en cuestión tendrá más problemas para hacer frente a los próximos trimestres, considerando que la luz al final del túnel de la economía española aún no se vislumbra.

Colchones
En este escenario, es clave el colchón de provisiones genéricas (las que se acumularon en épocas de bonanza para utilizarlas para cubrir los impagos cuando llega la crisis). Es una información que la mayoría de las cajas no da, aunque, obviamente, cuanto más bajo es el nivel de cobertura, menos durará el colchón.

CajaSur, por ejemplo, ya tiene una morosidad del crédito del 7,91%, y su ratio de cobertura apenas supera el 42% (aunque no haya un nivel mínimo regulatorio, los expertos suelen considerar buena una cobertura superior al 50%). Además, el beneficio de la caja cordobesa ha sufrido un drástico recorte del 90% en el primer trimestre. Su ratio de solvencia total al cierre del año pasado era del 9,9%, por encima del mínimo regulatorio (que está en el 8%) pero uno de los más bajos del sector.

En promedio, al cierre de diciembre, la solvencia de las cajas era del 12,2%, según publicó EXPANSIÓN el pasado 28 de abril.

CajaSur ha puesto en marcha distintos planes para encauzar su situación: de su éxito dependerá probablemente que sea capaz de continuar a operando en solitario, que encuentre pareja para fusionarse o que necesite ayuda del plan que prepara el Gobierno.

Las entidades se han lanzado a la emisión de preferentes para mejorar sus ratios de solvencia

Caixa Catalunya también tiene que lidiar con graves dificultades. Su morosidad es muy elevada y su beneficio bajó más de un 80% en el primer trimestre, aunque en este caso hay que matizar que la entidad registró el año pasado importantes plusvalías por la venta de participaciones industriales, que desvirtúan la comparación. Aún así, los expertos recuerdan que las entidades financieras que se han desprendido de la mayor parte de su cartera industrial no cuentan ya con ese colchón que otras podrían utilizar en momentos de más necesidad.

La tercera caja con más morosidad es Caja Madrid, cuya cobertura apenas supera el 40% y cuya solvencia total en diciembre no alcanzaba el 10%. Sin embargo la entidad es una de las pocas que logró mejorar su beneficio en el primer trimestre. La buena evolución de los ingresos le permitió absorber el incremento de las pérdidas por deterioro de activos y presentar un aumento de las ganancias del 1%.

Eso sí, algunos analistas advierten de que el ritmo podría no ser sostenible a lo largo de los próximo trimestres, sobre todo porque la subida del margen de intermediación estuvo muy influenciada por el movimiento a la baja del precio oficial del dinero, un efecto que acabará perdiendo su fuerza en los próximos trimestre. La entidad acaba de lanzar una emisión de 3.000 millones de euros en participaciones preferentes para mejorar la solvencia. Otras siete cajas han emitido preferentes con el mismo fin, aunque por pequeñas importes.

Algunas cajas aún no han publicado sus cuentas del trimestre. Es el caso de Caixa Sabadell, la cuarta por morosidad, que, sin embargo, informó a este periódico sobre su calidad crediticia: su ratio de cobertura supera el 50% y su solvencia a diciembre casi alcanzaba la del promedio.

Pollença, Murcia, BBK y Kutxa destacan por la calidad del activo
La caja con el menor porcentaje de dudosos sobre el crédito es la balear Pollença, con el 1,8% y una cobertura que supera el 100%. Es la caja más pequeña del país, con unos activos que apenas superan los 327 millones. Pero la calidad del activo no está directamente relacionada con el tamaño.

Caja Murcia, la número 15 del ránking por activos, apenas supera el 2% de morosidad con datos de marzo. La vasca BBK, la décima del ránking, junto a como Kutxa, Cajastur, Unicaja, Caja Vital, Caja Círculo, Manresa, Ontinyent, Ibercaja o Caja Navarra también mantienen su ratio de mora por debajo del 3%, con coberturas que superan con creces la media del sector.

Con contadas excepciones, estas entidades presentan ratio de solvencia elevados y, en el primer trimestre, aún consiguieron beneficios al alza. Sin embargo, como recuerdan los expertos, también es importante saber qué tipo de morosidad tiene cada entidad: la hipotecaria es menos dañina, porque la pérdida esperada es inferior al importe total del impago.

Expasión.com

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27 de mayo de 2009

Els empresaris de Tarragona proposen l’eliminació del contracte temporal i la creació d’un nou contracte indefinit


La CEPTA considera que la flexibilització en el sistema de contractació és una mesura necessària per millorar el mercat laboral.

Durant el transcurs de la presentació del darrer estudi del mercat laboral de la Confederació Empresarial de Tarragona (CEPTA), els empresaris han proposat la creació d’un nou contracte indefinit, més flexible i únic, amb una indemnització que estigui lligada al temps que ha restat un treballador a l’empresa. A més, consideren necessari la supressió del contracte temporal, deixant només els d’obra i servei. Una darrera proposta és la de potenciar la formació amb deduccions fiscals.

De les dades que es desprenen de l’estudi, els sectors que més han patit la crisi han estat la construcció amb 13 mil llocs de treball destruïts a la demarcació entre 2007 i 2008 i la industria, que ha reduït un 25% de llocs de treball creats en aquests 7 darrers anys. El sector serveis és el que es manté tot i també haver reduït llocs de treball. Donat el panorama existent, els empresaris consideren que la flexibilització en el sistema de contractació és una de les maneres de que la situació canviï.
Tottarragona

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25 de mayo de 2009

Cataluña regula el comercio de forma intervencionista

El Ministerio de Industria ha optado por una ley muy flexible que da vía libre a las regiones.

La Generalitat ha hecho una interpretación restrictiva de la norma de la UE. Endurece, a través del urbanismo y el medio ambiente, las condiciones de instalación comercial.

La realidad depende del cristal con el que se mire. La libertad de establecimiento que pretende lograr Bruselas con la nueva Directiva de Servicios deberá pasar, en el caso de España, por la lupa autonómica.

Muchas comunidades no parecen dispuestas a romper las barreras legales impuestas al comercio. Por eso, algunas, como Cataluña, preparan ya un nuevo marco restrictivo respaldado por criterios de urbanismo y medio ambiente.

“Cuando la implantación comercial ha estado sometida a criterios racionales de ordenación (...) las ciudades han conseguido núcleos más compactos”, asegura la Generalitat en el preámbulo de la nueva ley de comercio catalana, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.


El Ejecutivo regional se ha puesto como objetivos “delimitar la localización de los grandes proyectos comerciales de manera estratégica” y “reducir la movilidad y la contaminación inherente a determinados tipos de establecimientos”. Y, para ello, hace uso de dos potentes armas de control político sobre la actividad de las empresas: el medio ambiente y el planeamiento urbanístico.

En síntesis, la nueva norma catalana obliga a los ayuntamientos a establecer en los planes de ordenación urbana las “directrices a las que se han de adecuar los establecimientos” que, en la mayoría de casos, parecen de imposible cumplimiento para las empresas.

Letra pequeña
Por ejemplo, una tienda de más de 800 metros cuadrados (superficie a partir de la cual necesitarán licencia especial) sólo podrá instalarse en una calle de más de 13,5 metros de ancha. En un puerto, el número de tiendas no podrá superar tres veces al de amarres. En las estaciones de esquí, por cada cama de hotel no podrá haber más de medio metro de uso comercial. En los cruces de infraestructuras, sólo el 1% del suelo estará ocupado por comercios.

Los hiper deberán destinar el 50% del espacio a supermercado. El 80% del parking estará soterrado y contar con dos plazas por cada cien metros. En los lugares de baja densidad demográfica (menos de 40 habitantes por kilómetro) se vigilará la concentración comercial, que, según la Generalitat, se produce cuando dos tiendas o más están a menos de 300 metros. Mientras que los grandes centros comerciales “singulares” (de más de 2.500 metros cuadrados) sólo podrán instalarse en municipios con más de 70.000 habitantes después de pasar el informe de movilidad de la Generalitat de Cataluña.

Este planteamiento dista bastante del espíritu liberalizador que con la Directiva de Servicios pretendía impulsar Bruselas. Pero el ordenamiento jurídico español tiene sus peculiaridades y, en el caso del comercio, las comunidades tienen la última palabra.

El Ministerio de Industria decidió lanzar una ley de comercio minorista a la baja, muy flexible a la interpretación de las comunidades y que evita, en principio, la lucha de competencias con el Estado. Eso sí, el Gobierno se ha cubierto las espaldas y trasladará a las autonomías que infrinjan las líneas de la Directiva las futuras sanciones de la Unión Europea.

No es la única
1. La Directiva de Servicios obliga a todos los países de la Unión Europea a revisar su normativa interna a los principios de libertad de establecimiento y servicios que pide Bruselas. Entre otros sectores, se verá afectado el comercio por esta reforma.

2. En 2007, el Tribunal de Justicia comunitario ya sancionó a España por el plan de ordenación comercial de Cataluña. Más tarde, Bruselas cargó contra el modelo andaluz. No obstante, no son las únicas comunidades con barreras al comercio.

3. Los límites a las grandes superficies, el control de los horarios, las dobles licencias y las moratorias de apertura han sido la tónica del sector en España. Soporta una de las cargas regulatorias más gravosas de la OCDE.

4. El Gobierno ha decidido elaborar una ley marco muy flexible para las autonomías que evite entrar en disputas competenciales. El resultado es claro: las regiones que apuesten por un modelo comercial restrictivo tienen margen de acción.

Una negociación controvertida
El papel de Sebastián
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció hace un año en el Congreso que iba a llevar a cabo una “ambiciosa” transposición de la Directiva de Servicios para el comercio. Pero el mensaje oficial se ha ido rebajando. Su primer anteproyecto de ley de comercio minorista fue tumbado por el Consejo de Ministros. El Gobierno no quería abrir otra batalla autonómica en torno a este tema y forzó a Industria a rebajar el contenido de la ley estatal.

Pendiente del Consejo
La reforma de Sebastián está pendiente de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros para entrar en el Congreso. La Cámara baja comenzará a tramitar la ley, en principio, después del verano. Tras dar barra libre a las comunidades para poder modificar sus propias normativas, la tramitación parlamentario parece sencilla. A ojos de Bruselas, la ley general cumple los criterios de la Directiva. Por otro lado, deja margen de acción a las visiones más restrictivas.

Malestar autonómico
La última crisis de Gobierno precipitó la versión definitiva de la ley de comercio. Sebastián forzó una reunión de su equipo con el del Ministerio de Economía. Éstos últimos, conscientes del problema autonómico que podía desatar la ley comercial, recomendaron a Industria dar marcha atrás en sus pretensiones. Sobre todo, cuando la nueva titular de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tiene pendiente la reforma de la financiación autonómica.

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24 de mayo de 2009

LA ABSURDA ANTIPATÍA ADMINISTRATIVA A UNA LENGUA

Arenas movedizas, por Carlos Herrera

Algunas autoridades autonómicas despliegan una extraña ojeriza contra el idioma castellano que resulta, como poco, de difícil explicación. Como si el idioma fuese, por sí solo, culpable de alguno de los males que supuestamente han pasado en su imaginario personal, en determinadas comunidades autónomas se ha desplegado concienzudamente un estado oficial de antipatía administrativa por el idioma común. La reciente Ley de Educación aprobada en Cataluña corrobora lo antedicho. La política educativa del Gobierno balear, más o menos por el estilo. El desalojado Gobierno gallego anterior a la victoria de Núñez Feijoó, tres cuartos de lo mismo. Siempre con el PSOE de por medio, por cierto. El mismo PSOE, en cambio –mediante un pacto con el PP, evidentemente–, es el que en la Comunidad Autónoma Vasca ha equilibrado el ansia exterminadora del PNV y sus mariachis y ha garantizado una enseñanza en equilibrio. En las calles de Barcelona, Palma o Santiago se habla castellano con absoluta normalidad, se alterna esta lengua con la que se considera propia –todas ellas muy similares– y se crea un espacio común de convivencia que la ciudadanía desarrolla con perfecta normalidad desde hace tantos años como existe el habla. ¿Por qué ese empeño, pues, en estigmatizar el uso de una lengua que es propia desde el momento que es usada por, al menos, la mitad de la población?

La lectura de las principales disposiciones de la ley catalana sorprende por su contumacia en disponer del catalán en todos los ámbitos de la vida estudiantil. Resulta esperanzador tan sólo que la enseñanza del castellano sea impartida en castellano, que a punto estuvieron de evitarlo; el inglés, parece, tendrá el mismo o mayor número de horas a la semana. Las autoridades catalanas entienden que los niños llegan al colegio con el castellano aprendido de casa: «Eso ya lo hablas con tu papá, nene, que es de Badajoz y así lo aprendes tranquilamente». En la escuela se vigilará que todo, absolutamente todo, sea en catalán. Comprensible que se pretenda que el uso del catalán, de considerarse tan mayoritario como único en un futuro, se corresponda con un dominio absoluto por parte de los hombres y las mujeres del mañana, pero ¿hasta el punto de inculcar al alumnado una especie de menosprecio institucional por una lengua que tendrán que utilizar con más frecuencia de la deseable para las autoridades? ¿O creen de verdad que lo que espera dentro de cien años es una arcadia aparte en la que catalanes y baleares no tengan que relacionarse en absoluto con el resto de los españoles? ¿Tal vez esperan que sus negocios con los aragoneses se realicen en inglés?

Batallar contra el castellano es una labor absurda: guste más o menos, su salud y vigor social están en expansión. Se entienden prioridades idiomáticas, incluso el uso vehicular de una lengua por encima de la otra –castellano, gallego y catalán son tan semejantes que pasar de una a otra no debe suponer ningún sacrificio lingüístico–, pero inculcar ojerizas normativas sólo lleva a sus impulsores al ridículo. La gente, lo admita con más o menos disgusto, hablará lo que quiera, aunque el uso de un idioma concreto sea imprescindible para relacionarse con la Administración. Y lo hará por muchos comisarios que le pongan sobre el hombro. Sólo que no dotarán a varias generaciones de ciudadanos de un arma estratégica de primer orden: hablar castellano tan sumamente bien como hablan gallego, vasco o catalán. Los jóvenes que viven en esas comunidades deben hablar esos idiomas a la perfección –no encontrarán en este articulista a alguien que crea menor el conocimiento de esas lenguas, antes al contrario–, pero no es bueno que vayan a conocer el castellano a través de Gran Hermano o de Operación Triunfo. Los odios a los idiomas se pagan muy caros a largo plazo. Díganmelo a mí, que no sé escribir bien el catalán debido a que, en mi edad de escuela, también lo aprendí en la calle.

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23 de mayo de 2009

Baròmetre d’Opinió Política

21 maig 2009
Centre d´Estudis d´Opinió

2. 1. PROBLEMES DE CATALUNYA

P. Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?

55,0
Atur i precarietat laboral
26,0 Funcionament de l'economia
16,2 Sistema de finançament de Catalunya
15,3 Immigració
13,9 Insatisfacció amb la política
9,7 Relacions Catalunya-Espanya
8,2 Educació-cultura-investigació
6,9 Inseguretat ciutadana
6,4 Accés a l'habitatge
6,3 Manca d'infraestructures i problemes amb el transport
5,9 Sanitat
4,1 Millorar polítiques socials
2,5 Crisi identitat catalana
1,9 Serveis deficients i males instal·lacions públiques
1,7 Excessiva pressió fiscal
1,2 Baix nivell salarial
0,3 Incivisme i violència
3,6 Altres
1,3 Cap problema
3,6 No ho sap
0,4 No contesta









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22 de mayo de 2009

Els treballadors de l'IMFE de Reus denuncien l'Ajuntament


El comitè de l'Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE) ha pres aquesta decisió després de donar per trencades les negociacions del nou conveni amb l'Ajuntament.

Denuncia una possible 'cessió il·legal' de treballadors 'que no permet la llei', ja que pensen que el consistori s'estalvia costos' i 'eludeix responsabilitats' en contractar treballadors a través d'empreses 'fantasma o pantalla'.

El comitè d'empresa de l'Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE) Mas Carandell de Reus ha presentat una denúncia a Inspecció i Seguretat Social contra l'Ajuntament de Reus, la Fundació IMFE Mas Carandell i el mateix IMFE, perquè volen entrar a formar part de la plantilla del consistori reusenc i estar sota el seu conveni.

ACN
Diari de Tarragona

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21 de mayo de 2009

Aconseguir un by-pass que uneixi la línea del TAV amb Tarragona ciutat, primer objectiu del moviment ciutadà “Mou-te per Tarragona”


Aquest dilluns es presentarà la iniciativa que vol que Tarragona no “perdi el tren” en cap àmbit.

El moviment ciutadà “Mou-te per Tarragona”, que sorgeix des de la societat civil i que és obert a tothom (a títol individual) i que ha estat dinamitzat en un primer moment des de la Cambra de Comerç, que ha aportat els recursos necessaris per la seva posada en marxa, i que compta entre els seus promotors, entre d’altres, amb Joan Maria Adserà, Xavier Climent, Manel Sanromà i Albert Abelló; es presentarà a la ciutat el proper dilluns a la Sala Golfus al Port Esportiu de Tarragona, a partir de les 20:30 hores mitjançant un sopar popular al que tothom hi és convidat, on s’explicaran detalladament els motius de la seva creació, que passen per la necessitat de que Tarragona no perdi més oportunitats i recuperi el seu paper com a capital.

La primera iniciativa que portarà a terme el moviment “Mou-te per Tarragona” és l’impuls de la Plataforma “TGNByPass”, que vol aconseguir que la ciutat mitjançant un by-pass (desviament) de la línea del TAV cap a una futura estació intermodal urbana pugui acollir tots els trens de llarg recorregut.

El moviment pretén il•lusionar i motivar a la ciutadania, i “pressionar” als partits polítics i a les diferents administracions de cara a que la nostra ciutat recuperi el terreny perdut.

Properament es posarà en marxa un web on es podrà recollir tota la informació del moviment i donar suport al mateix.
Redacció TT

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20 de mayo de 2009

INSEGURIDAD CIUDADANA

Hace algo más de año y medio que el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca firmó un convenio con la Generalitat de Catalunya para la colaboración entre Policía Local y Mossos d´Esquadra, tras el repliegue de la Guardia Civil de nuestro municipio. Era un convenio obligado y necesario tras la asunción de competencias en materia de seguridad ciudadana por parte de la Generalitat.

Sin embargo a la vista del convenio que se nos presentó en pleno era evidente que los problemas surgirían, por ello Ciutadans votó en contra de su redactado. Advertíamos que era un convenio vacío, que únicamente recogía una declaración de intenciones en base al marco legislativo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En ningún momento se contemplaba en el convenio un número de patrullas de Mossos d´Esquadra que garantizasen mínimos de presencia policial continuada en nuestro municipio.

A la vista de los datos publicados en la web del ayuntamiento, donde se recogen las memorias de la policía local de los años 2007 y 2008, se puede concluir que se ha producido un incremento del 200% en cuanto a los delitos cometidos en nuestro municipio, algunos de ellos con gran violencia. Asimismo se han incrementado en un 40% las diligencias instruidas por nuestra policía local. Supongo que no tendremos que recordar que los Mossos d´Esquadra se desplegaron en nuestro municipio a finales del año 2007.

¿Este incremento de la delincuencia es culpa de la policía local de nuestro municipio? Ciutadans entiende que no, ya que la plantilla de policías locales de nuestro municipio se encuentra en media por debajo de la catalana y de la recomendación del Comité de Seguridad de la Unión Europea. Sant Andreu de la Barca tiene el dudoso honor de ser uno de los municipios del Baix Llobregat con menor plantilla de policía local por habitante y por tanto podemos concluir que se encuentran desbordados.

Ciutadans considera que este problema es básicamente político y de concepción del modelo de seguridad.

Político básicamente por la cerrazón del ayuntamiento encabezado por el PSC en no incrementar la plantilla de policía local, lo que dificulta la labor de este colectivo.

En cuanto al concepto de modelo de seguridad propuesto por la Generalitat observamos dos deficiencias. Una es el empecinamiento en llevar a cabo el despliegue de los Mossos d´Esquadra por toda Catalunya sin el número suficiente de efectivos que garantice una adecuada protección de los ciudadanos. La segunda se refiere al modelo de seguridad ciudadana que se basa en la reacción ante el delito sin tener en cuenta la prevención. La regla de oro de la seguridad ciudadana es a mayor presencia policial, da igual el color del uniforme, menor delincuencia.

Por cierto, mi reconocimiento para la labor desarrollada por todos los cuerpos policiales, a pesar de nuestros políticos y de los escasos recursos tanto humanos como materiales que se destinan.


José Manuel García Bravo

Concejal de C´s en Sant Andreu de la Barca

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19 de mayo de 2009

El TS reitera que la bandera española debe ondear en los edificios del Gobierno vasco


EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por la que obligaba a la Administración autonómica vasca a otorgar a la bandera española un "lugar preferente", tanto en el interior como en el exterior de todas sus sedes y edificios.

Esta resolución había sido recurrida por el Gobierno del ex lehendakari Juan José Ibarretxte.

De este modo, el alto tribunal confirma la doctrina ya expresada en sendas sentencias de julio de 2007 y noviembre de 2008, relativas al uso de la bandera de España tanto en la Academia de Policía del País Vasco, Arkute, como en el Parlamento autonómico vasca.

El recurso de casación del Gobierno vasco, que ha sido desestimado por el alto tribunal, argumentaba que "la obligación de que ondee la bandera española no tiene caracter permanente". Ante dicha afirmación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reitera que no deben admitirse interpretaciones "que excusen el cumplimiento del deber de hacer ondear diariamente la bandera de España en el exterior y en el lugar preferente" del interior de los edificios autonómicos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis María Diez-Picazo, incide en los mismos argumentos que las dos anteriormente dictadas por la misma Sala sobre este mismo asunto.

De esta forma, sostiene que "la bandera de España simboliza la nación, es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución".

En ese sentido, especifica que la enseña de España "deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado".

Según precisa, "la expresión 'deberá ondear', formulada en imperativo categórico en la Constitución, viene a poner de relieve la exigencia legal de que la bandera de España ondee todos los días y en los lugares que expresa, como símbolo de que los edificios o establecimientos de las Administraciones Públicas del Estado son lugares en donde se ejerce directa, o delegadamente, la soberanía y en ellos se desarrolla la función pública".

Por ello, la Sala Segunda del alto tribunal reitera que "la utilización de la bandera de España en dichos edificios o establecimientos debe de serlo diariamente como manifestación, frente a los ciudadanos, del contenido que simboliza y representa".

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18 de mayo de 2009

Los autónomos amenazan con darse de baja un mes en la Seguridad Social


La Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Asnepa) amenaza al Gobierno con una baja masiva en la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el mes de agosto para reclamar medidas urgentes contra la situación que padece el sector.

LD (Europa Press) El presidente de la asociación, Pedro Mezquida, manifestó este lunes su descontento con la actitud de Zapatero, "que no ha tomado en consideración" las movilizaciones autonómicas llevadas a cabo por los trabajadores por cuenta propia y se preguntó "qué pasaría si todos los autónomos se fueran de vacaciones en agosto y dejaran de cotizar durante un mes".


Según los cálculos de la organización, si los 3.244.526 trabajadores por cuenta propia de España se dieran de baja en la Seguridad Social durante un mes y volvieran a darse de alta al mes siguiente -medida que no implicaría ningún tipo de sanción para el colectivo- el Estado dejaría de percibir más de 750 millones de euros.

Asimismo, la asociación denunció que sólo el 3,69% de los préstamos del Instituto Oficial de Crédito (ICO) han llegado a trabajadores autónomos, y resaltó que de las 5.700 operaciones realizadas por el ICO durante la última quincena del presente ejercicio, tan sólo un 24% corresponden a trabajadores por cuenta propia.

Del mismo modo, los representantes de los emprendedores quisieron resaltar que frente a los 108 millones inyectados por el ICO entre los trabajadores autónomos, únicamente el Plan Vive ha realizado 50.472 operaciones hasta abril por valor de 494,94 millones de euros.

Por contra, los autónomos subrayaron que de las líneas ICO dedicadas a los trabajadores autónomos sólo se han beneficiado 21.744 trabajadores, lo que supone un 0,66% del total de empresarios y profesionales autónomos de España.

"Pronto los autónomos no tendremos para comer, pero todos tendremos un coche nuevo", ironizó Mezquida, quién aseguró que el sector del automóvil está siendo el gran favorecido de la gestión del Ejecutivo contra la crisis.

Apertura del diálogo social

Por otra parte, la asociación volvió a insistir en la necesidad de abrir el diálogo social a nuevos agentes como los autónomos o los consumidores, con el fin de afrontar una reforma del modelo productivo.

"Llevamos 20 años escuchando a los mismos agentes, y llegados a esta situación se hace necesario una apertura a otros agentes, que a pesar de tener una representación más minoritaria en la sociedad tienen mucho que decir", reclamó Mezquida.

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17 de mayo de 2009

Los Verdes denuncian que la coalición de ERC intenta "suplantar" su identidad

Los Verdes-Grupo Verde Europeo han denunciado que la coalición nacionalista "Europa de los Pueblos", integrada por ERC, BNG, Aralar, Verds, EA, CHA y Entesa per Mallorca, intente engañar al electorado al "suplantar" su identidad apropiándose "ilegítimamente" del nombre de Los Verdes.

Para Los Verdes-Grupo Verde Europeo, según han afirmado en una nota de prensa, se trata de una "gran estafa" de los grupos nacionalistas de izquierda porque utilizarán "fraudulentamente" el nombre de Los Verdes en 13 comunidades autónomas para concurrir a los próximos comicios europeos del 7 de junio.

El pasado 6 de mayo, la coalición Europa de los Pueblos-Verdes, presentó su candidatura a las elecciones al Parlamento europeo, donde quieren defender el derecho de los pueblos a decidir libre y democráticamente su futuro.

Sin embargo, según ha denunciado Los Verdes-Grupo Verde Europeo, pese a que se presentan bajo "Europa de los pueblos", esta denominación común irá precedida por el nombre de alguno de los partidos coaligados según la comunidad.

Así, prosigue la nota de la formación, la candidatura de la coalición en Cataluña se llamará ERC, en Galicia BNG, en Aragón CHA e Independentistak Eta Ezkertiarrak en el País Vasco y Navarra, pero en el resto de autonomías llevará el logotipo y la denominación "Los Verdes".

Y ello "pese a que Los Verdes" de estas comunidades no participan en esta coalición, sino en la de Los Verdes-Grupo Verde Europeo, han asegurado.

Algo que ha sido posible, ha proseguido el Grupo Verde Europeo, gracias a la aportación de la "marca verde" cedida por "una pequeña parte" de la Confederación de los Verdes, que en su conjunto "no representa ni a una docena de afiliados".

"El truco", han precisado, radica en "hacer uso del polémico artículo 222 de la ley electoral que permite a las coaliciones cambiar su denominación y logotipo en cada comunidad autónoma".

Kristine Lesage y Esteban Cabal, candidatos de Los Verdes-Grupo Verde Europeo, han subrayado que se trata de un "fraude de ley" porque dicho artículo es sólo aplicable a formaciones de ámbito autonómico.

Los electores, ha manifestado Cabal, se sentirán "profundamente engañados y estafados" cuando escojan una papeleta con el logotipo de Los Verdes sin ser consciente de que está otorgando su "confianza a los independentistas de ERC y BNG" y no a una "opción ecologista y no nacionalista".
ADN.es

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16 de mayo de 2009

El PSOE corrige a Zapatero



Sólo un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero pusiera punto final al debate sobre el estado de la Nación, el Grupo Socialista ha echado mano del típex y ha eliminado el umbral de renta para la deducción por compra de vivienda, fijado de manera expresa por el presidente del Gobierno en 24.000 euros. En una de las 15 resoluciones que les corresponden, y que se votarán el próximo martes en Pleno, los socialistas recogen la supresión de la desgravación fiscal para vivienda habitual a partir de 2011, pero no hacen ninguna referencia al tope de renta fijado por su jefe de filas.
En el debate, Zapatero no dejó ningún lugar a la duda y lo explicó todo con detalle y precisión: «La posibilidad de acogerse al régimen actual estará abierta durante los próximos 19 meses. Pero a partir de entonces sólo regirá en su integridad para las rentas más bajas. En concreto, para rentas inferiores a 17.000 euros anuales, se mantendrá la deducción vigente, con un límite en la base deducible de 9.015 euros. Para rentas superiores a 17.000 euros, la deducción se reducirá linealmente hasta desaparecer cuando la renta declarada esté por encima de 24.000 euros anuales». Por si no quedó claro, Moncloa repartió una nota explicativa con todos los detalles.
Pues bien, ahora resulta que la explicación de Zapatero era «orientativa», según afirmaron ayer fuentes parlamentarias socialistas. Ante la mala acogida que ha tenido la propuesta entre el resto de los grupos, el PSOE ha optado por dejar en blanco el tope de renta que había fijado el presidente del Gobierno, y poder negociar así una cantidad que satisfaga a una mayoría. Tiene hasta el lunes a las ocho de la tarde para llegar a un acuerdo.
En su resolución, el Grupo Socialista insta al Gobierno a «suprimir, en la línea descrita por el presidente del Gobierno, con pleno respeto a los derechos adquiridos, la deducción por adquisición de vivienda habitual. De dicha supresión quedarán exentas las rentas más bajas». Y añade que para llevar a cabo la reforma buscará el máximo consenso político.
El Grupo Popular, en cambio, propone algo radicalmente distinto: mantener e incrementar la deducción del 15 al 25 por ciento y elevar el límite a 10.000 euros, «con el fin de facilitar a las familias con hipoteca el cumplimiento de sus obligaciones». La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que las medidas que anunció Zapatero esta semana «han envejecido muy pronto, como el mal vino» y «dejan tirados» a cuatro millones de parados. Por eso, en sus resoluciones el PP reclama una «rectificación completa» al Gobierno.
Plan de austeridad
En sus propuestas, el PP pide una reducción de altos cargos en el Gobierno, así como de los gastos en publicaciones y comunicaciones. Propone sustituir el uso del correo ordinario por el correo electrónico, y reducir los gastos de viajes oficiales. Además, recoge medidas para mejorar la situación de las Pymes y los autónomos, un asunto que puede crear un punto de encuentro entre los diferentes grupos de la Cámara.
Entre las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Socialista, destaca la que se refiere al Estado de las Autonomías. Propone continuar con el proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías mediante el impulso y el pleno desarrollo de las previsiones de autogobierno incluidas en los estatutos. Además, pide un nuevo modelo de financiación «en el plazo de tiempo más breve posible», sin hacer referencia a la fecha del 15 de julio, que puso como límite el presidente Zapatero en el debate.
ABC

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14 de mayo de 2009

El Tripartito se gasta 15 millones de euros en asesores, un millón más que en 2008

ABC.es
Un exceso de asesores en época de crisis es, según PP y Ciutadans, un ejemplo del derroche del tripartito, mientras que PSC y ERC atribuyen ese «supuesto» desfase a las necesidades gubernamentales. La oposición criticó duramente que la Generalitat, tal como publicó ayer ABC, supere sus propios límites de contratación y cuente actualmente con 249 plazas de personal eventual, 31 más de lo estipulado en un acuerdo de gobierno de enero de 2007.
Sin embargo, fuentes de Presidencia aseguran que 26 plazas están creadas, pero no ocupadas, y que hay diez personas contratados para programas temporales que no computan en esa norma y cuyo puesto será destruido, por lo que niegan un exceso de cargos de confianza.

Los Presupuestos de la Generalitat destinan para este año 15 millones de euros a personal eventual contratado por los departamentos -no incluye empresas públicas, consorcios o fundaciones-, cifra que supone un aumento de un millón respecto a 2008. Las consellerias que disponen de una partida mayor son Presidencia (3,6 millones), Vicepresidencia (1,7 millones), Interior (un millón) y Gobernación (un millón).

«Dar ejemplo»
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, cree que el excesivo número de asesores es el «exponente de la mala gestión y del derroche del Govern en época de crisis». En su opinión, el presidente José Montilla, «debería dar ejemplo», ya que los ciudadanos «ven que el dinero público no se gasta en políticas sociales, sino en asesores al servicio del tripartito».
Respecto al hecho de que el ex director de los Mossos Rafael Olmos, fuera repescado por la Generalitat como asesor del conseller de Interior, Joan Saura, en «proyectos transversales», la dirigente popular considera que es la demostración de que la crisis que provocó la actuación policial contra los anti-Bolonia «se cerró en falso y nadie asumió la responsabilidad».
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, reprochó al Ejecutivo autonómico que no sepa contener el gasto público. «Montilla da lecciones morales a las familias respecto al esfuerzo y la necesidad de apretar el cinturón, pero ellos superan su límite de gasto». Según Rivera, «el tripartito, como fórmula de Govern, es incapaz de reducir sus gastos» y recordó que, el año pasado, el gasto en publicidad del departamento de Presidencia aumentó un 224%.
La portavoz de ERC, Anna Simó, dijo que, a diferencia del Gobierno de CiU, el tripartito «ha recortado el número de personal y publicado los sueldos». Sobre el personal eventual de los departamentos que dependen de ERC, aseguró que se trata de cargos que cumplen con con sus compromisos adquiridos. Simó dijo que no se puede hacer una valoración genérica del número de asesores, pues «se debe ver qué labores desarrollan».
Por parte del PSC, Carme Figueres dijo no tener constancia de ningún excedente. «El Govern tiene los asesores que le tocan», dijo. Advirtió de que no se pueden mezclar asesores con cargos de confianza o responsables de proyectos provisionales. «El tripartito ha dado transparencia de todo su personal, también de sus asesores. Antes no se hacía porque CiU escondía sus proyectos eventuales

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13 de mayo de 2009

FACUA critica que Zapatero pretenda reactivar el mercado inmobiliario actuando contra los usuarios en lugar de contra los especuladores

La deducción fiscal por la compra de la primera vivienda desaparecerá en 2011 para quienes ganen más de 24.000 euros anuales.

FACUA-Consumidores en Acción critica que el presidente del Gobierno pretenda reactivar el mercado inmobiliario actuando contra los consumidores en lugar de hacerlo contra los especuladores.

Así, la asociación muestra su rechazo a la medida anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero, por la que a partir de 2011 quitará el derecho a deducciones fiscales por la compra de la primera vivienda a la mitad de los asalariados.

La asociación cree correcto que las rentas muy altas sean excluidas de la posibilidad de beneficiarse de deducciones fiscales de este tipo, pero ve que el límite de 24.000 euros anunciado por Zapatero dejará fuera a una cifra excesiva de rentas medias; de hecho, el presidente ha indicado que la mitad de los asalariados seguirán beneficiándose de las deducciones, por lo que la otra mitad no podrá hacerlo.

Zapatero ha dicho que los nuevos compradores de vivienda mantendrán los derechos de deducción fiscal actuales (hasta 9.050 euros) si las adquieren en los próximos 19 meses -hasta diciembre de 2010-. Para rentas superiores a 17.000 euros, la deducción se reducirá linealmente hasta desaparecer cuando la renta declarada esté por encima de 24.000 euros anuales.

FACUA considera inaudito que el presidente haya argumentado que con esta medida, "el mercado se podrá reactivar durante los próximos meses para liberar el parque inmobiliario de pisos vacíos, sin vender o alquilar".

Y es que el anuncio de Zapatero se traduce, en opinión de FACUA, en que la política del Gobierno frente a la especulación inmobiliaria no es actuar contra los abusos en los precios y las condiciones de las hipotecas, sino contra los propios consumidores, abocándoles a acelerar sus decisiones de compra, pese a los elevados precios, con la amenaza de que perderán las deducciones fiscales si esperan a que se produzcan más bajadas.

La asociación considera que el Gobierno debe presionar al sector inmobiliario para que aplique bajadas mucho más significativas a sus precios, las cuales no han sido todavía en absoluto proporcionales a la enormes crisis de la que se queja un sector que sigue demandando ayudas públicas sin renunciar a márgenes de beneficio abusivos.

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10 de mayo de 2009

Desconexión de Internet sin orden judicial


FACUA, satisfecha por el rechazo 'in extremis' de la Eurocámara a la desconexión de Internet sin orden judicial.
Considera aberrante la enmienda que pretendía convertir a unas cuantas empresas y 'lobbies' en los policías y jueces de la Red.

FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción por el rechazo in extremis del Parlamento Europeo a la aberrante enmienda que preveía la desconexión de Internet, sin orden judicial, a los usuarios que intercambian archivos sin ánimo de lucro.

No obstante, la asociación no deja de continuar preocupada por el contenido final que llegue a tener el llamado Paquete Telecom y los perjuicios que éste pueda causar a los derechos de los consumidores, la difusión de la cultura y el progreso tecnológico.

La medida rechazada por el Parlamento Europeo, advierte FACUA, habría convertido a unas cuantas empresas y lobbies en auténticos policías y jueces de la Red, que dictarían sus sentencias partiendo de la presunción de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas webs o compartiese archivos a través de Internet. Todo ello obviando derechos tan fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la intimidad y la presunción de inocencia.

Negociaciones en España

En cualquier caso, FACUA muestra su preocupación por las inquietantes negociaciones que están llevando a cabo en España las empresas de telecomunicaciones con la industria audiovisual y las entidades de gestión de derechos de autores y editores para buscar fórmulas por las que instaurar algún tipo de censura en la Red. Negociaciones impulsadas por el Gobierno, que prefiere mantener al margen a las organizaciones de consumidores e internautas.

La decisión adoptada este miércoles por la Eurocámara da la espalda a una iniciativa cuyo principal impulsor es el presidente francés, Nicolas Sarkozy y que también viene exigiendo el Gobierno estadounidense.

Por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, la Eurocámara ha aprobado una enmienda alternativa que exige una orden judicial para que un proveedor pueda restringir el acceso a Internet. Dado que esta modificación no estaba incluida en el acuerdo con el Consejo, la totalidad del paquete sobre las telecomunicaciones tendrá que ir a conciliación.

La nueva normativa ya no podrá ser aprobada en esta legislatura, abriéndose un periodo de conciliación en el que los gobiernos deberán volver la mesa de negociaciones con el Parlamento Europeo.

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9 de mayo de 2009

Dislexia de evolución, un trastorno de aprendizaje.


El único argumento esgrimido por el Govern balear para negar a Olav su petición de examinarse utilizando el castellano se ha venido abajo. Un informe elaborado por un prestigioso instituto pedagógico de Ibiza confirma que el alumno de 11 años, que estudia sexto de Primaria en un colegio de la isla, padece un trastorno de aprendizaje. El certificado psicológico detalla que el estudiante presenta una «dislexia de evolución con secuelas no superadas, que lentifica la fluidez lectora».

La titular de Educación en Baleares, Bàrbara Galmés, negó en el Parlamento autonómico que Olav sufra este trastorno perceptivo. De hecho, se agarró a este argumento como a un clavo ardiendo y lo utilizó como su única razón de peso para desatender la solicitud del alumno.

Tal fue la obcecación de la consellera que, tras mostrarle el padre de Olav, Vicente Boned, los errores ortográficos que había cometido su hijo en un examen, los calificó de «faltas normales para un chaval de su edad».

Las «faltas normales» a las que alude Galmés sirven, sin embargo, para explicar parte de la dificultad cognitiva del escolar. Según el informe, este problema «se manifiesta en la escritura con errores perceptivo-visuales como la confusión de [las letras] b/d, m/n, y sustituciones al escribir o leer». La consellera, sin embargo, trató de quitarle hierro a la dificultad de Olav.

En una visita que realizó a Ibiza para entrevistarse con Vicente Boned, la consellera de Educación le aseguró que ella también confundía a veces las letras. No contenta con ello, la responsable del sistema educativo en Baleares trató de reforzar su argumento asegurando que según la propia directora del centro al que asiste el niño, es «brillante en las tres lenguas -catalán, castellano e inglés- y en el resto de asignaturas, y que acabará Primaria sin problema este año».

El fundador de la Federación Española de Dislexia (Fedis), Iñaki Muñoz, manifestó la semana pasada a EL MUNDO que el hecho de que el alumno saque buenas notas «no tiene nada que ver con que padezca o no dislexia». Más aún, Muñoz aseguró que «lo mejor» para el aprendizaje de los disléxicos es que «puedan examinarse en su lengua materna». Destacó, además, que el «castellano es la mejor lengua de aprendizaje» para los que sufren este trastorno. La razón: «Se escribe como suena». El fundador de Fedis añadió que «muchos colegas de asociaciones de otros países han reconocido este extremo sobre el castellano».

En el caso de Olav, su petición de poder examinarse en castellano no es, ni mucho menos, un capricho. Así lo evidencia el informe pedagógico: «Valoramos también la presencia de otros factores asociados al síndrome disléxico como el déficit atencional, tanto selectivo como sostenido, debido al cansancio que provoca la difícil automatización de lo leído, escuchado o aprendido».

Israel Rodríguez | Palma

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El Estatut de las astucias

-Wifredo Espina-

Sería exagerado titular ‘El Estatut de las mentiras’, pero no mucho. Según va trascendiendo, la letra del Estatut catalán será una cosa y su realidad jurídica otra. Una cosa será lo que dice el texto y otra la que habrá que leer (y aplicar) según la sentencia del Constitucional, que se asegura va a publicarse dentro de unas semanas.

Así, el Alto Tribunal se habrá sumado al ‘juego de las astucias’ que ha venido marcando todo el largo proceso de ‘reforma’ (sustitución) del anterior, una vez archivado, por inviable, aquél que fue aprobado, a bombo y platillo, por el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre de hace cuatro años. Después de aquel fallido proyecto, que venía a ser una especie de ‘golpe de Estado’ disfrazado de aparente legalidad –que Zapatero se había comprometido a aprobar-, todo ha discurrido por el camino de las astucias, de ver quien engaña a quien: si los legisladores catalanes a los del Estado o éstos a aquéllos.

Maragall jugó astutamente esta carta para llegar a presidente de la Generalitat, y Zapatero hizo lo propio para ser presidente del Gobierno. Casi todo fue maniobra, casi nada un planteamiento realmente serio. Incluso las discusiones en el Congreso de los Diputados, que acabó aprobando un texto muy mutilado. También el Referéndum catalán, que no movilizó a la mayoría de ciudadanos, siendo refrendado el texto por minoría, con una abstención vergonzante y una oposición rotunda de los bandos extremistas de uno y otro signo. Salió un Estatut de nadie.

Un Estatut así, pese a tener fuerza legal plena, ¿quién lo iba a aplicar en todos sus términos? Por supuesto, nadie. Y esto ha desgastado seriamente los gobiernos de Zapatero y de Montilla, por su incumplimiento y sus astucias en las explicaciones que han dado. El idealista Maragall fue defenestrado ‘a tiempo’ por Zapatero y Montilla.

Ambos, en este juego de astucias mentirosas, no han parado de proclamar que el Estatut “es plenamente constitucional”. No podían ser sinceros y perder parte de su parroquia. Ahora les ha llegado la hora de saber la verdad judicial.

Pero, visto el ambiente interesadamente crispado creado en Cataluña, el Tribunal Constitucional ha empleado tres años para estudiar también una estrategia para decir ‘no’, pareciendo que está diciendo que ‘sí’ a los artículos más espinosos del texto estatutario. Se apunta, también así, al ‘juego de las astucias’. Se ‘salva’ el Estatut en su letra, pero vaciándolo mucho de su sentido originario.

Recurriendo a esta astucia, se darán ‘argumentos’ (verbalistas) tanto a quienes defienden la ‘constitucionalidad’ del Estatut como a los que la niegan. ¿Evitará esto un enfrentamiento total y una reacción airada de parte de la ciudadanía catalana, que intentará arrastrar a la otra parte, exaltando sentimientos tan nobles como bastante primarios en nombre de ‘la patria’ pequeña? Es dudoso.

Seguramente, las graves preocupaciones actuales de la gente, por el alarmante aumento del paro y la caída de las ventas, actuarán de distracción y atenuante ante las previsibles virulentas reacciones ante el verdadero fondo de la sentencia del Constitucional. Seguramente, también, las circunstancias y el cansino paso del tiempo, tendrán su papel en este engañoso ‘juego de las astucias’ en que casi todos, por distintos intereses, no siempre confesables, han entrado. Incluso el Tribunal Constitucional, que en su misión de interpretar la Constitución, es esencialmente político, con mayúsculas.

Saldrá, probablemente, un Estatut que mejorará el anterior, pero que no satisfará a casi nadie. Ni a los astutos que querían reventar por dentro la Constitución, ni a los que pretenden tenerla congelada para siempre. Astutamente, el Alto Tribunal tirará por el camino de en medio. ¿El mal menor?

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8 de mayo de 2009

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO


Después de ver el vídeo en e-noticies, y la “oferta” de acogida por parte de la Coordinadora Reusenca Independiente (CORI) al Sr. Joan Carretero, para que se sume este, a la casa grande del juantxime, cabe destacar dos cosas que aparentemente son como el agua y el aceite. O ¿no?

Primero. La cuadratura del círculo, o lo que es lo mismo, que el Sr. Carretero abandone lo que hasta ahora ha sido su proyecto político, la independencia de Cataluña, y para ello encabezó dentro de ERC en su último congreso reagrupament.cat y donde obtubo un apoyo del 20% de la militancia. Que debería abandonar para sumarse a las propuestas de la Cori, y denunciar a una casta política egocéntrica y clientelistas.

Y lo segundo, sería que la Coordinadora Reusenca tendría más de independentista que de movimiento ciudadano rebelde, cansado de una "casta política apoltronada", y para ello, el Sr. Joan Carretero les viene al pelo a este partido que fue la sorpresa de Reus con su entrada en el Ayuntamiento.

El corsé que envolvía a la Cori de movimiento denuncia parece haber saltado por los aires, y empieza a asomar, -o estaba ya dentro-, la vena separatista de este partido con la oferta/saldo, de acogida del Sr. Carretero.


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7 de mayo de 2009

Aprobado el proyecto de la ley que borra el castellano de las ecuelas catalanas

La Comisión de Educación y Universidades del Parlamento catalán aprobó este jueves con los votos de PSOE, CiU, ERC e ICV el proyecto de la Ley de Educación, que supone la eliminación definitiva del castellano en la enseñanza catalana. Ya sólo falta su aprobación en el pleno.


L D (Agencias) En una comisión cargada de simbolismo nacionalista y de agradecimientos, las votaciones se realizaron a partes muy concretas, pero finalmente el proyecto de ley superó el último paso antes de someterse al pleno del Parlamento catalán, que tendrá lugar a principios de junio.

Durante las intervenciones, la diputada de CiU Irene Rigau destacó que es la primera vez que "casi un gobierno entero" y el principal partido de la oposición alcanzan un acuerdo sobre una ley educativa. El diputado de ERC Josep Maria Freixenet definió la LEC como un texto "catalanista y social", que eleva la educación por encima de la coyuntura "de lo público y lo concertado".

La diputada de ICV-EUiA Dolors Camats anunció su voto positivo hacia asuntos como "la escuela catalana y la gestión municipalista". Sin embargo, criticó que la LEC no resuelve la exigencia de responsabilidades a las escuelas concertadas y públicas, cometido para el que se realizó el Pacto Nacional por la Educación Pública (PNE), remarcó. Consideró que la LEC nace "sin el consenso social necesario", y criticó que es una ley "ideológica" porque no incorpora cuestiones "tan aceptadas socialmente", como es la concepción de una sociedad mixta.

PP y Ciudadanos en contra

Para el diputado del PP Rafael López, la LEC "no se ha realizado en el Parlament, sino que se ha producido una invasión del poder ejecutivo en el legislativo" por parte de la Conselleria de Educación. Con esto, criticó que se ha desarrollado en base al Estatuto y no en relación al marco estatal --la Ley Orgánica de Educación (LOE)--, así como el blindaje lingüístico, que imposibilitará la aplicación de la tercera hora de castellano. "Aquí estaba la gran trampa y la prisa de esta ley, es ridícula", afirmó.

La misma postura sostuvo el diputado de C's Antonio Robles, quien apeló también a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la casilla de la opción lingüística. Dijo que esta ley le recuerda al Espíritu Nacional, y criticó que "sólo se ha hablado de catalanismo y de la frasecita de escuela catalana, pero no de fracaso escolar". Por ello, lamentó que la LEC "nace infectada de racismo cultural".


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La LEC nacerá con el blindaje del catalán y el tripartito dividido


ICV no apoyará por primera vez una ley de sus socios, que echan mano de la sociovergencia.




La nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) dio ayer su último paso antes de ser debatida y votada en el Pleno del Parlament el próximo mes. La ponencia parlamentaria ultimó su contenido, tras meses de negociaciones. Todos los partidos opinaron al respecto e ICV confirmó lo que ya se sabía, que votará en contra de algunos de los artículos de la normativa.


La Ley se aprobará fruto de los votos de otro «tripartito», formado por PSC, ERC y CiU. Es decir, que permite la sociovergencia, con el permiso de Esquerra. El PP y C’s también se oponen. Será la primera vez que los ecosocialistas votan en contra de una ley del Govern en las dos legislaturas que lleva el tripartito en la Generalitat. ICV tuvo discrepancias con sus socios de PSC y ERC en asuntos como el túnel de Bracons y la Línea de Muy Alta Tensión (MAT), pero los tres partidos nunca se han dividido frente a una ley, que además es uno de los pilares básicos de esta legislatura.



«Agravio entre modelos»


La portavoz de ICV, Dolors Camats, insistió ayer en que su formación no apoyará una ley que «no es asumible en puntos clave». Camats señaló que «no se equiparan las obligaciones entre la escuela pública y la concertada, los segundos salen reforzados y con menos cargas».


Otra discrepancia de los ecosocialistas es que creen que «la normativa permite que se mantengan los conciertos de los centros privados que separan a los alumnos por sexos». ICV también se queja de que la ley «está alejada del espíritu del Pacto Nacional de Educación» y de que «tendrá consenso político, pero no social». Por el contrario, respaldará el título de la ley que impulsa una mayor autonomía para los centros.


Muy diferente es la opinión del PSC. Su responsable en la ponencia de esta ley, Daniel Font, destacó que «la mayoría de los artículos tendrán un apoyo del 78 por ciento, y en otros casos, del 98 por ciento». Añadió que «respetamos la discrepancia de ICV, pero no hay motivos para su oposición con el fracaso escolar que sufrimos». Otro punto que destacaron los socialistas es que la normativa «incorpora la capacidad de decidir como se organizan los currículos escolares».


Los dos partidos nacionalistas en el Parlament, CiU y ERC, bendicieron la ley y elogiaron que blinde la inmersión lingüistica, iniciada precisamente por los gobiernos convergentes. La normativa deja sin efecto el decreto del Gobierno que pretendía introducir una tercera hora de castellano en las escuelas. El presidente de ERC, Joan Puigcercós, definió la ley como «la más importante de esta legislatura» y celebró que «con el blindaje de la inmersión lingüística ningún juez pondrá en jaque nuestro sistema». Los republicanos destacaron que «en ocho años el Govern tendrá que duplicar su inversión en educación en el PIB».



«Ley de país»


La responsable de educación de CiU, Irene Rigau, se expresó en una línea parecida a ERC, pero añadió que «se han aceptado el 90 por ciento de nuestras enmiendas, hemos conseguido una ley de país que mejora el proyecto que entró en el Parlament».


Por su parte, el diputado del PP Rafael López lamentó que la LEC «rompe el Gobierno catalán cuando debería ser una ley de país». A su juicio, esta ley «genera el mayor rechazo social de la historia, no tiene el apoyo del profesorado –el sindicato mayoritario, Ustec–STE’s, es contrario a la LEC– y es ampliamente nacionalista, las familias se quedan sin derechos lingüísticos».

Hoy examen no vinculante pero que ha costado un millón


Un total de 66.308 alumnos de sexto de Primaria realizarán hoy una prueba para valorar sus conocimientos en comprensión lectora y expresión escrita en catalán y castellano, así como su dominio del cálculo y de la resolución de problemas matemáticos. El examen, que cuesta un millón de euros a la conselleria d’Educació y que no es vinculante, se llevará a cabo en 2.083 centros. Tiene que determinar el dominio de estas competencias al final de la etapa de Primaria, ya que estos alumnos deberán iniciar ya el curso que vienen sus estudios de Secundaria. Un total de 77 comisiones velarán por la aplicación correcta de los mecanismos de la prueba.
Los resultados de la prueba no se tendrán en cuenta en el expediente del alumno, ya que su finalidad es tan sólo obtener información sobre su nivel de competencia. Las escuelas recibirán una información general sobre los resultados de sus alumnos, mientras que a las familias se les hará llegar un informe escrito con la nota.

Joan Planes
La Razón.es

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6 de mayo de 2009

España, una nación milenaria


Diari de Tarragona Cartas al director

Primero fue el diario francés Liberation, después el alemán Frankfurter, más tarde el inglés The Economist y ahora uno de los diarios más leídos del mundo, el Financial Times, también critica la política lingüística en Cataluña. Los diarios europeos llevan razón. En las escuelas no es lógico que haya tanto desequilibrio lingüístico, que el castellano se utilice sólo 2 horas y el catalán 28, es decir, catorce veces más. Y en el comercio, imponer una lengua a los comerciantes con multas y sanciones, como se está haciendo, me parece un error. Los políticos deberían hacer caso de diarios europeos tan prestigiosos y moderar algunos aspectos de la política lingüística catalana, eliminado las multas lingüísticas y promoviendo la enseñanza al 50% en los dos idiomas en la escuela.
Raquel C. Cañellas
- 27/04/2009

Resposta a la carta ‘Política lingüística moderada’

Senyora Cañellas, pel que es dedueix de la seva carta li preocupa molt que no es dediqui més temps al castellà a les escoles, i fa referència a diferents diaris europeus que qüestionen la política lingüística catalana. Pel que es veu vostè ignora que el territori català té un idioma que cal respectar, una cultura sens dubte mil·lenària i una història que cal conèixer. Espanya, com a país, existeix des del segle XIX. Catalunya va constituir en el segle XII el primer parlament europeu, i Pierre Vilar, historiador francès especialitzat en història d’Espanya, afirmà que «Catalunya és el país al qual es pot aplicar amb més rigor el concepte de nació a l’edat mitjana». Tot i això no es preocupi, la fortalesa del castellà està ben consolidada com ho demostra la seva presència per arreu i el bon ús que en fem els catalans amb el nostre bilingüisme, cosa que no practiquen un gran nombre de castellanoparlants. I li poso com a model la població de Malta, país independent des del 1964, xifrada aproximadament en 400.000 habitants, que no té cap problema a parlar el maltès, l’anglès i l’italià; o Suïssa, on es parlen 4 idiomes: l’alemany, el francès, l’italià i el retoromànic. Es confirma una vegada més allò de Spain is different? La realitat innegable, política i quotidiana és que qui pateix arraconament, desídia, indiferència i menyspreu és el català que, ves per on, ja es pot utilitzar en el Tribunal de Justícia europeu.
Francesca Parera
- 01/05/2009

España, una nación milenaria

He leído con sorpresa e incredulidad la carta de Francesca Parera (1/05/09) en la que dice que España sólo existe como país desde el siglo XIX.

Le informo a la señora Parera que España nació “un poquito” antes del siglo XIX. Hay documentos que ya mencionan a España como país y a Cataluña dentro de España en el año 589 con motivo del Concilio de Toledo.
Pero además uno de los personajes más ligados a la historia de Tarragona, como Jaime I el Conquistador ya en el siglo XIII en sus crónicas define a Cataluña como «la mejor tierra de España» y afirma que conquista territorios como Mallorca y Valencia «para gloria de España». Es evidente, señora Parera, que Jaime I tenía muy claro hace ocho siglos que existía España y que Cataluña formaba parte de España. En fin, cualquiera que sepa algo de historia sabe que España es un país con muchos siglos, aunque a la Señora Parera no le guste
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Carme Maciá - 06/05/2009

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Años de silencio opresivo


La Operación Molinos ha sacado ahora a la luz numerosas denuncias sobre conflictos que ha tenido el Ayuntamiento con distintos particulares, tanto vecinos de La Muela como empresarios.

Durante los últimos años, apenas ha habido resquicios para la crítica en La Muela. El PAR ha obtenido una mayoría absoluta tras otra, al tiempo que se disparaban el presupuesto y las inversiones. Sin embargo, frente a esta situación aparentemente idílica han surgido numerosos conflictos entre el equipo de gobierno y particulares que, ahora con la Operación Molinos, empiezan a salir a la luz.

Un claro ejemplo es Antonio Catalán, propietario de la gasolinera y restaurante Don Quijote desde hace dos décadas. Situado entre el casco urbano muelano y la autovía, el negocio iba muy bien hasta que en 1994 el Ministerio de Fomento, a instancias de Carmelo Aured -como consta en la documentación-, adelantó 200 metros la salida de la A-2, que entonces dio a parar a un solar propiedad del primo de la alcaldesa.

Actualmente, ahí se ubican otra gasolinera y el restaurante Mirasol, de la familia de Carmelo Aured. Eso supuso la ruina para el Don Quijote, cuyos surtidores permanecen desde entonces vacíos. "Me han hundido", admite sin problemas este empresario.

Pero Antonio Catalán no se quedó parado. Interpuso un contencioso contra la Demarcación de Carreteras y contra el propio Carmelo Aured que fue desestimado por la Justicia aragonesa. Presentó después un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que sí prosperó, y que condenó en 2005 a Fomento a construir un tercer carril desde la primera entrada de la autovía a La Muela hasta la segunda.

Se trata de una costosa actuación que el Ministerio aún no realizado, lo que propició el año pasado un requerimiento del TSJA para que se ejecutara la sentencia. El plazo concluye en diciembre; si para entonces Fomento no ha hecho el tercer carril, deberá demoler la actual infraestructura y reponer el acceso de 1994.

Otros damnificados aún prefieren mantener el anonimato. Es el caso de un antiguo residente muelano que se vio obligado a abandonar en 2006 la localidad ante el enconamiento de las amenazas recibidas. "Yo era presidente de la comunidad de vecinos de La Sagrada y me opuse a que el Ayuntamiento hiciera municipal la calle que recorre la urbanización. Así empezó todo", asegura.

"Las amenazas fueron continuas, telefónicas, físicas o con mensajes en el coche. Se me declaró persona non grata y se llegó a colgar un cartel en el Ayuntamiento que ponía '(su nombre), no atender", explica.

Aunque lo peor estaba por llegar. Fue acusado de dejar sorda a una persona en una pelea, por lo que fue procesado de un delito de lesiones. "Afortunadamente, descubrimos que el vecino tenía antecedentes de sordera por un accidente que había tenido. Se demostró que era sordo desde hacía dos años". La demanda fue desestimada, pero le hizo recapacitar. "Cuando vimos que podían diseñar una pelea para que acabara en la cárcel, decidimos que era suficiente". En 2006 empezaron a buscar piso en Zaragoza. Al año se trasladaron.

Justo en esa época, otra vecina muelana fue noticia por enfrentarse al equipo de gobierno. "El tiempo me está dando la razón", resume ahora Marta Lobera. Una carta al director que envió a este periódico sobre el peligroso acceso al colegio fue en su caso el detonante. Diez días más tarde, denunció una carta intimidatoria que llegó a su buzón y, menos de una semana después, interpuso otra demanda por las presuntas amenazas proferidas, entre otras personas, por la actual alcaldesa en funciones, Ana Cristina Mateo.

Las quejas también tienen que ver, paradójicamente, con la falta de acción urbanística. Ayer, un propietario de un sector residencial (la UE-1) que se ejecuta por un sistema de cooperación denunció la falta de iniciativa del Ayuntamiento para tramitar el suelo.

Heraldo.es




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5 de mayo de 2009

Montilla gasta casi 5 millones en 'autobombo'

La Dirección General de Relaciones Externas recibe 500.000 euros para actos institucionales.

El Departamento de la Presidencia, que encabeza el presidente Montilla, ha gastado casi 5 millones en publicidad, entre exposiciones y anuncios, según una resolución del 15 de abril firmada por el secretario adjunto del departamento, Jordi Menéndez, publicada en el DOGC. El gasto en exposiciones ha sido de más de 1,1 millones mientras que la inversión en publicidad ha superado los 3,5 millones. Todo ello supone un gasto de más de 4,6 millones.

Con respecto a exposiciones, Presidencia paga 840.000 euros a la empresa GROP, Exposicions i Museografia SL en concepto de prórroga "de la producción, montaje, desmontaje y mantenimiento de las exposiciones institucionales que se realicen en Palau Robert, desde el 1 de enero hasta el 13 de octubre de 2009".

A estos se tienen que sumar los 154.000 euros pagados a Enginyeria de Sistemes Audiovisuals por el "suministro y mantenimiento de los aparatos y la producción de los audiovisuales de la exposición 'Adéu a la Tele! Arriba la TDT''". Finalmente, la empresa Espai Visual también cobró 121.000 euros por el suministro, instalación y mantenimiento de los aparatos audiovisuales de la exposición 'La immigració, ara i aquí'.

Por otro lado, Presidencia pagó 500.000 euros a Serveis de l'Espectacle Focus, "por el servicio de producción y realización de actas institucionales para la Dirección general de Relaciones Externas". También la empresa Ideograma recibió 123.344 euros por "la prórroga de la asistencia técnica a la Oficina de Comunicación del Gabinete de la Presidencia en el diseño, coordinación y puesta en escena de actividades públicas institucionales".

La producción "de una campaña publicitaria sobre el reconocimiento social del trabajo de los maestros" supuso una ganancia de 202.000 euros para la empresa Two Small, que también ingresó 215.000 euros más por "la producción de una campaña publicitaria sobre la formación en el trabajo". Imagina Comunicació, por su parte, ganó 230.000 euros por "la producción de una campaña publicitaria sobre el despliegue de los Mossos d'Esquadra".

La empresa Segarra, Cuesta, Puig, Fernández de Castro recibió 202.000 euros por "una campaña publicitaria sobre el tabaquismo". La campaña "de publicidad sobre la promoción de los vinos catalanes" supuso un gasto de 113.000 euros, que fueron a parar a la empresa DDB Barcelona.

Aún así, 'el premio gordo' 'se la llevó la empresa Zenith Media, que recibió 1.499.686,82 euros por "asesoramiento estratégico, planificación, mediación e inserción en los medios de comunicación para la difusión de una campaña de publicidad institucional sobre los nuevos servicios públicos de la Administración de la Generalitat".

La inserción "de anuncios a google.com para dar a conocer los contenidos de la web de la Generalitat de Catalunya" costó 100.000 euros más, que fueron a parar a Carat España, empresa que cobró 100.000 euros más por "la inserción en los medios de comunicación de la campaña publicitaria para la difusión de la exposición en Palau Robert sobre la inmigración".

Finalmente, Red de Medios percibió 460.000 euros por "la inserción de publicidad institucional sobre la campaña 'som-hi' en el especial La Catalunya que viene del diario La Vanguardia".


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2 de mayo de 2009

La ley del embudo


Sr. Lluis Miquel Pérez, alcalde de Reus, tengo que recordarle mediante este humilde lugar del ciber-espacio que usted incumple la norma jurídica suprema, oséa, nuestra Constitución. Dudo muy mucho que lo haga usted por ignorancia, si es así, mayor responsabilidad tiene.

Pero la pregunta que me hago es, ¿con que ética puede pedir a los ciudadanos que cumplamos con las Ordenanzas Municipales?, o dicho de otro modo, con que moral puede sancionar a los ciudadanos que no cumplen con una norma jurídica de carácter menor a la Constitución, como son las Ordenanzas Municipales.


Y creo que de casta le viene al galgo, pues como los lectores de este blog sabrán, nuestro Presidente de la Generalidad de Cataluña, también se pasa por el forro la sentencias del TS en lo referente a incluir la casilla para que los padre opten libremente que lengua quieren que reciban sus hijos la primera educación. Y es que la casta política nos tiene tan acostumbrados a la ley del embudo que muchos ciudadanos “pasen olímpicamente” a lo que es el derecho fundamental de todos los ciudadanos, la participación política, el derecho al voto y el desapego a la política en general.


Sr. Pérez, es usted el máximo responsable que nuestro Ayuntamiento, incumpla La Constitución Española, esa que garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos.


A modo de recordatorio:

La Constitución Española de 1978 es la norma jurídica suprema (o máxima) del ordenamiento jurídico de España.

El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se erige como la norma suprema.

La Constitución Española de 1978

TÍTULO PRELIMINAR.

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

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